El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia notificado el 7 de julio de 2017 resuelve elevar a Procedimiento Abreviado las Diligencias Previas del «Caso Auditorio» pero acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa para la Interventora defendida por Revelles Abogados.
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El juez renuncia a archivar la causa por el cúmulo de indicios delictivos | Las acusaciones tienen 10 días para formular acusación solicitando la apertura de juicio oral.
Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno murciano, presidente del PP regional y diputado en la Asamblea, acaba de ser procesado por el ‘caso Auditorio’.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, resume, en un auto notificado este viernes, todas las razones por las que Pedro Antonio Sánchez acabará casi con total seguridad en el banquillo de los acusados por este asunto de supuesta corrupción, que viene a sumarse al procesamiento dictado semanas atrás por el ‘caso Púnica’.
Pérez-Teamplado ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas y prevaricación o fraude de fondos públicos.
Lejos de las tesis de las defensas, y mucho más en consonancia con lo que la Fiscalía Superior de la Región ha venido manteniendo desde hace dos años, el instructor del ‘caso Auditorio’ confirma la existencia de múltiples indicios delictivos en el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y de la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.
Este auto de procedimiento abreviado deja al expresidente murciano a un solo paso del juicio, ya que bastará con que la Fiscalía o cualquiera de las tres acusaciones privadas formule escrito de acusación para que se vea conducido al banquillo.
Pedro Sánchez ve «insostenible» la continuidad del expresidente de Murcia
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tachado de «insostenible» la continuidad del expresidente murciano y actual diputado, Pedro Antonio Sánchez, después de que el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, haya acordado continuar el proceso judicial contra él al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos.
«Pedro Antonio Sánchez sigue siendo diputado y cuenta con el apoyo de Rajoy y del PP. Situación insostenible», ha señalado el líder socialista en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.
En este mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press. A su juicio, «es muy difícil» mantener al expresidente de Murcia en su cargo.
Tras finalizar las diligencias previas del ‘caso Auditorio’, en el que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad, el instructor ha ordenado la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez.
En un auto notificado este viernes, el juez entiende que podría darse la comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.
El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus responsabilidades
El auto decreta el sobreseimiento provisional para el resto de los investigados en este procedimiento.
El juez ordena que el procedimiento continúe contra Martín Lejarraga Azcarreta, responsable del proyecto y ejecución de la obra, y Vicente Gimeno Merino, legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el delito de prevaricación o fraude contra fondos públicos.
El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen ahora 10 días para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, “sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”, concluye la parte dispositiva del auto.