Noticia publicada en www.elmundo.es

  • Cada afectado por el caos aéreo del Puente de la Constitución cobrará 1.000 euros más los gastos en que hubiera incurrido por la huelga de controladores
  • 133 trabajadores admitirán 10 meses de multa por abandonar su trabajo en las torres, tras lo que el Gobierno de Zapatero envió al Ejército

El sindicato de controladores USCA, al que pertenecen un total de 133 controladores responsables del caos aéreo de diciembre de 2010, que afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos, está ya indemnizando a los más de 15.000 afectados que han mantenido durante estos ocho años sus denuncias vigentes en un juzgado de Instrucción de Madrid. Los denunciantes recibirán, finalmente, 1.000 euros por cabeza más los gastos en que hubieran incurrido por el perjuicio causado, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes de la negociación. La indemnización total por la inédita situación, a la que está haciendo frente el sindicato de controladores Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), ascenderá finalmente a algo más de 15 millones de euros en números aproximados.

El acuerdo, precedido de una larguísima y compleja negociación, es punto de inflexión en una no menos tortuosa instrucción judicial en el juzgado número 3 de Plaza de Castilla. Tras archivarse hasta 19 procedimientos por toda España por estos hechos -todos ellos exculpatorios para los huelguistas-, el pacto da salida a las acusaciones particulares del procedimiento, y da carpetazo a los daños causados en aquel otoño a falta de una causa aún pendiente en un juzgado de Palma de Mallorca, en la que se ha abierto juicio oral a otros 82 controladores por sedición, coacciones y abandono del servicio público.

El acuerdo y la reparación del daño realizada prácticamente garantizan una pena mínima para cada uno de los controladores investigados en Madrid, y queda pues descartado el delito de sedición. A cambio los abogados de los casi 15.000 afectados que han seguido adelante con las acciones legales contra los responsables de la crisis han desistido de acusarles civil y penalmente.

El acuerdo extrajudicial ya establecido, a cuyos detalles ha tenido acceso EL MUNDO, supone que será la Fiscalía de Madrid la que siga acusando en solitario a los controladores, pero solicitando para ellos la pena ya pactada, y quienes de ellos quieran asegurarse la pena mínima aceptarán lo que el Ministerio Público pida, en virtud del acuerdo. Las acuaciones que han llegado al acuerdo han tasado en unos 12 millones de euros el daño moral sufrido por los afectados por las consecuencias del paro, en pleno puente de la Constitución de diciembre de 2010, y en cerca de tres millones más los perjuicios fácticos causados por dicha situación, según han confirmado a este diario las mismas fuentes.

El acuerdo, de hecho, estuvo a punto de producirse el pasado verano, siete años después de los hechos, pero a última hora unos pocos trabajadores se echaron atrás. Hasta ahora. USCA, según pudo confirmar ayer este diario, está ya transfiriendo la cantidad a los afectados, lo que da el pistoletazo al cierre definitivo de la causa.

El paro de los días 3 y 4 de diciembre supuso el cierre de facto del espacio aéreo español, y la causa principal por estos hechos, la que se cierra ahora con este acuerdo, se circunscribió poco después a los controladores del aeropuerto de Barajas y a los del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid, situado en la localidad de Torrejón de Ardoz.

El Gobierno de[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] llegó a declarar el estado de alarma por primera vez en la historia democrática española, y a militarizar torres y centros de control aéreos el viernes 3 de diciembre de 2010, al producirse un abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los trabajadores, por la aprobación por parte del Gobierno de una serie de normas que regulaban su jornada laboral.

La tarde de aquel viernes fue frenética: USCA llegó a pedir a los controladores que recuperaran la cordura y regresaran a sus puestos de trabajo, y el entonces ministro José Blanco les dio un ultimátum al que hicieron caso omiso. Ante la negativa, el Ejército tomó el control de las torres y la Fiscalía de Madrid llegó a abrir diligencias a los controladores por sedición.

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