Expertos advierten de que la prórroga con la que el Gobierno ha frenado la obligación de declarar concursos hasta junio de 2022 dispara el riesgo de crear empresas zombis.
Veintiún meses después de que estallara la pandemia, algunas de las peores consecuencias de la crisis económica están aún por ver. Una de lellas son los concursos de acreedores, el procedimiento legal que se origina cuando las empresas no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago, que entre enero y noviembre de este 2021 acumulan un incremento del 38,14% en España, con respecto al mismo periodo de 2020 y la cifra más alta desde el año 2014.
En Granada, sin embargo, el repunte está siendo mucho más contenido. Según los últimos datos del radar empresarial de la compañía Axesor, hasta noviembre de este año 41 empresas han presentado concurso de acreedores, lo que supone un aumento del 7,89% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El dato concreto del último mes de noviembre, con siete empresas concursadas en la provincia cuando el pasado año solo hubo una este mes, apunta que la situación tiende a agravarse y que se pueden quedar mas empresas por el camino. En el peor año para la economía de la provincia¡, 2020, Granada, al igual que el resto del país, vivió una aparente paradoja, con un descenso de los concursos de acreedores, que se situaron en los niveles más bajos desde 2008.
La explicación hay que buscarla en las prórrogas de los ERTE y en la moratoria de plazo para evitar el desencadenamiento automático de procesos concursales, que incluyó entre la primera batería de medidas económicas para hacer frente a los efectos del coronavirus y que el Gobierno ha extendido ahora hasta junio de 2022.
Dique de contención.
Gracias a esta moratoria concursal, los deudores que se encuentran en situación de insolvencia no tienen el deber legal de solicitar la declaración de concurso ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Inicialmente, la medida se aprobó hasta el 31 de diciembre de 2020 y posteriormente se prorrogó un año más, hasta el 31 de diciembre de este 2021.
A falta de un mes para que expirara el plazo de la moratoria, el pasado 30 de noviembre, el Gobierno ha extendido de nuevo hasta el 30 de junio de 2022 la medida, con la que pretende que << las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español>>.
Dos grandes riesgos.
La moratoria ha supuesto un dique de contención para evitar cierres de empresas, pero a medida que se ha extendido el plazo la medida ha dado síntomas de agotamiento y, aunque no sea obligatorio, este año mas firmas que el pasado están dando el paso de solicitar el concurso de acreedores, como constatan los datos hasta noviembre.
<<Teniendo en cuenta la reciente ampliación de las medidas aprobadas por el Gobierno para reforzar la solvencia de las empresas, consideramos que el año se cerrará con una ligera moderación en el ritmo de crecimiento de los concursos de acreedores. A este respecto, creemos que debe garantizarse que las empresas se acojan a la citada moratoria son efectivamente viables en el medio y largo plazo, ya que, de lo contrario, se generará una importante bolsa de empresas zombis, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la construcción>>, advierten desde el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor, an Experian Company.
En la misma línea, el abogado José María Rivera Muñoz, socio de Soluciones Concursales Aliatar S.L.P., constata que la moratoria del Gobierno ha servido hasta la fecha para evitar una avalancha de concursos, pero advierte del riesgo de las empresas que ahora tienen problemas de viabilidad lleguen <<muertas>>, muchas de ellas sin actividad y con sus bienes depreciados, al final de esta prórroga, en junio de 2022.
<< Venimos observando un aumento en el número de empresas que, amparadas por esta moratoria, llegan a nuestro despacho sin apenas posibilidades de soportar los gastos que el procedimiento concursal conlleva>>, explica el portavoz del despacho granadino, que se dedica en exclusiva al derecho concursal desde el año 2012.
Por ello advierte que, a pesar de la moratoria, en cuanto se detectan los primeros síntomas de insolvencia, << se debe acudir al asesoramiento de especialistas a fin de llegar con la debida antelación al concurso, en aras de poder conseguir la viabiliadad de la empresa a través de un convenio con los acreedores, y sobre todo a fin de evitar la responsabilidad en la que puedan incurrir los administradores sociales respondiendo con su patrimonio personal>>.
Entrada de golpe.
Otro de los efectos que se temen a nivel judicial es la entrada de golpe de muchos procedimientos a los juzgados cuando se restablezca la obligación de presentar concursos, a partir de junio de 2022. En Granada, precisamente entró en funcionamiento el segundo juzgado de lo Mercantil hace ahora un año, en previsión que tuvieran que lidiar con un aluvión de nuevos procedimientos y compaginarlos con los alrededor de 600 que están activos.
Desde el Juzgado de lo Mercantil 1 consideran que este año en curso acabará con una cifra de concursos similar a la que ya está en marcha y no descartan que el Gobierno vuelva a extender la moratoria concursal. A partir del segundo trimestre de 2022 es cuando estiman que entren los concursos que se han ido retrasando desde 2020 y temen que sean muchos. Desde este órgano judicial aseguran que serán una avalancha porque a los concursos retrasados se unirán los derivados de la situación de la pandemia.
Un eventual colapso en los juzgados dependerá, según apuntan desde Mercantil 1, de la complejidad técnica de los que se presenten. La creación de un segundo juzgado de lo Mercantil y unas estrictas normas de reparto permitirán aliviar un posible «atasco». La mayor parte de los nuevos expedientes se verán directamente en el órgano de nueva creación, que no tiene expedientes acumulados.
No obstante, desde el departamento de Mercantil del bufete granadino Rafael Revelles Abogados entienden que no se producirá la temida avalancha.. <<Aunque es un riesgo que se viene vislumbrando ya desde la primera moratoria, no creemos que vaya a existir una avalancha de concursos de acreedores cuando se reactive en el segundo semestre del próximo año, aunque sean muchas empresas las que acudan a dicho procedimiento>>., explican.
No esperar.
Los expertos de Mercantil de este bufete destacan que las distintas moratorias que se han sucedido tras la declaración del primer estado de alarma han supuesto << una tabla de salvación>> para un buen número de empresarios.<< Les ha permitido ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso a las ayudas públicas o al crédito. Les ha permitido ejecutar planes de desinversión, renegociar su deuda y generar tesorería o, incluso, preparar un futuro concurso con soluciones anticipadas>>, analizan.
Ahora bien, las moratorias también pueden ser a su entender << un arma de doble filo>>, en tanto que han mantenido << con vida artificialmente a empresas inviables, las denominadas zombis>>. Por ello, desde Revelles Abogados insisten en la necesidad de que las empresas con problemas busquen la asesoría de expertos son esperar a que sea tarde.
<< La nueva moratoria no puede ser un pretexto para que las empresas en dificultades dilaten la adopción de las medidas necesarias para garantizar su supervivencia. Casa día que pasa pueden reducirse las soluciones disponibles y las alternativas a su viabilidad>>, concluyen.
Noticia publicada en el diario IDEAL