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Noticia publicada: www.cincodias.elpais.com

A la espera de conocer cuál será finalmente la decisión que tome el legislador, entendiendo como éste a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, los expertos que participaron meses atrás en el diseño de cómo debería ser la reforma de la financiación local celebraron ayer una jornada técnica en la que compartieron con otros académicos, expertos y políticos sus impresiones y algunas de las vicisitudes que marcaron la elaboración del documento.

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, moderó el debate y recordó los puntos claves de la propuesta remitida al Ministerio de Hacienda.

Los expertos consideran necesario establecer un nuevo impuesto a todas las pernoctaciones turísticas, ya que, en su opinión, generaría más beneficios que inconvenientes. Este tributo debería ser potestativo, es decir, que los ayuntamientos tendrían plena libertad para aplicarlo o no y debería ser diseñado de forma que se grave toda pernoctación y no solo la que se registre en los hoteles. Los expertos plantearon una consulta sobre este impuesto al Fondo Monetario Internacional (FMI), que corroboró que se trata de una figura ampliamente extendida por todo el mundo que apenas reduce el flujo de turistas a las ciudades que deciden aplicarla.

Además de este tributo de nuevo cuño, los expertos recordaron cómo han propuesto cambios sustanciales en todas las principales figuras impositivas con que cuentan los municipios: IBI, plusvalía, ICIO o el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, el popular numerito a los coches.

Al hablar del valor catastral, la presidenta de la comisión de expertos, Ana Muñoz, (AGM Management & Communications) se mostró muy crítica por cómo se articula en la actualidad el valor catastral, principal referencia de dos de los impuestos más importantes para las arcas municipales: el IBI y la plusvalía.

De hecho, citó las recientes sentencias dictadas por algunos tribunales que han tumbado la tributación por plusvalía incluso en los casos donde se ha obtenido una ganancia con la venta del inmueble, adelantadas por CincoDías.

“Y todo porque cuestiona la fórmula con la que se calcula, basada en el valor catastral. Si esto es así, pueden llegan a cuestionarse sus efectos en otros impuestos como el IRPF cuando se calculan las rentas previstas o sus efectos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP)”, advirtió Muñoz.

Por ello, los expertos estuvieron de acuerdo en que hay que reformar el valor catastral y adecuarlo a la realidad. En su opinión, lo idóneo sería hacerlo a través de una Ley General de Valoraciones donde se contemple que ese valor catastral debe ajustarse al valor real del bien, aquel que marca el mercado en las transmisiones o compraventas. En el IBI se mostraron partidarios de introducir bonificaciones y penalizaciones y tener en cuenta factores como el uso de la vivienda, si está ocupada o vacía, y si tiene fines sociales porque se trata de una vivienda protegida (VPO), entre otros supuestos.

Respecto a la plusvalía, los expertos abogaron por un cambio radical de este tributo. Reclamaron que se calcule restando al valor de enajenación el de adquisición y que no solo tenga en cuenta el valor del terreno, sino también el del inmueble urbano, que incluya las fincas rústicas y que en esa estimación de si ha habido ganancia o no se imputen los gastos incurridos en el momento de la venta.

Tal y como propone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha aceptado ya Hacienda, los expertos sostuvieron que sería necesario gravar las ganancias generadas en menos de un año, que hasta ahora estaban exentas; así como lograr un impuesto que grave de verdad la plusvalía “y no como ocurre ahora, ya que su cuantía es mayor conforme aumenta el número de años de posesión del bien sin tener en cuenta el valor real”, recordó Muñoz.

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