La sra. R.P.P., funcionaria de la Junta de Andalucía de la provincia de Málaga en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, acudió a Revelles Abogados para asesorarse sobre las posibilidades de reclamar a la Administración, en caso de que tuviera base para ello. La recibimos, estudiamos su documentación y a la vista de que el asunto reunía posibilidades de éxito, decidimos actuar:
En abril de 2017 la sra. R.P.P. presentó reclamación económica por haber venido desarrollando unas funciones superiores a las oficiales de su puesto. La Junta de Andalucía desestimó por silencio su petición. Ante tal desestimación por silencio la sra. RPP presentó recurso de alzada, que también nos desestimó la Administración.
En 2018 presentamos demanda ante los Tribunales de Málaga, turnándose el asunto al Juzgado nº. 7 de lo contencioso-administrativo de esa ciudad. En el expediente constaba un informe negativo a nuestra pretensión y la de nuestra cliente porque, según la Administración, las funciones que desarrollaba Dª. R.P.P. no eran de superior categoría, grupo o puesto, como sí que defendíamos nosotros.
Preparamos las pruebas necesarias que se desarrollaron en estrados en el aludido Juzgado de Málaga nº. 7. La Abogacía de la Junta de Andalucía se opuso a la demanda y a nuestras pruebas.
Ahora en julio de 2020 el Juzgado nº. 7 ha declarado el derecho de nuestra cliente al cobro de las cantidades que le corresponden más intereses desde 2017 y costas.
Desde Revelles Abogados animamos a todos los empleados públicos a defender sus intereses cuando hay base para ello, siendo positivo asesorarse por un despacho especialista.
