El TSJA ha alertado del exceso de judicialización de conflictos políticos. Abogados y alcaldes lo ratifican: la imputación en el proceso penal se convierte muchas veces en un arma certera.
<<Absuelto el exalcalde de Iznalloz de prevaricar con la contratación de personal temporal>>. <<Absuelven al alcalde de Algarinejo de revelación de secretos y cohecho>>. << Absuelven al exalcade de Atarfe de prevaricar en la gestión de licencias del macro complejo urbanístico Medina Elvira>>. Estos son algunos de los titulares de causas penales contra regidores de nuestra provincia en los últimos años. Uno de los últimos casos contra políticos locales que se ha quedado en nada se producía recientemente, con el archivo de una denuncia contra el alcade de Castril Miguel Pérez, por una presunta prevaricación por unas obras en la red de abastecimiento de agua. Ante el predominio de estos desenlaces, surge la pregunta: ¿se acude en exceso a la vía penal contra políticos o por motivos políticos?. Abogados especializados en Derecho Penal y con una amplia experiencia a la hora de defender a alcaldes denunciados, lo tienen meridianamente claro: sí.
IDEAL ha recabado en concreto las opiniones de tres letrados penalistas expertos en esta jurisdicción. Se trata de César Fernández Bustos, Rafael Revelles y Rafael López Guarnido. Todos ellos coinciden en que la imputación en el proceso penal se ha convertido en un arman política. Admiten que en ocasiones se denuncia con unos fines muy concretos: causar desprestigio a unas siglas, mancillar la imagen de un munícipe determinado por desaveniencias personales o rivalidad política o, incluso, lograr el descrédito de un candidato ante unos inminentes comicios.
Para Fernández Bustos no hay duda: se abusa de denunciar en la contienda política. << Por supuesto que sí, la batalla se ha de ganar en las urnas y nunca en los tribunales. El abuso que se viene haciendo del proceso penal conduce a gravísimas consecuencias que pagamos todos los ciudadanos >>, opina este jurista, que ha defendido a lo largo de su trayectoria a al menos una docena de alcaldes de distinto signo político. En su despacho llevan << un número importante>> de procesos que se enmarcan en ese combate político, donde los ganchos alcanzan a técnicos y otros munícipes.
<< Los procesos seguidos contra el político suelen ser procesos complejos, especialmente voluminosos y de largo recorrido, ingredientes que indudablemente minan la imagen del investigado y que, quizás más de lo debido, son usados con el fin de obtener un rédito político>>, recalca este penalista, para advertir de que << son numerosas las ocasiones en las que el resultado no es lo importante, sino la simple imputación>>. Basta con pensar, como agrega, en las épocas electoral y postelectoral, cuando se produce un incremento de las denuncias de contenido político.
La primera consecuencia de estas causas es la pena de banquillo, que para Fernández Bustos es << ser titular de prensa durante varios años, enfrentarte a un proceso judicial con una petición importante de prisión, tener embargado tu patrimonio, perder el tren político, sufrir un largo e interminable proceso judicial para, finalmente, obtener una sentencia absolutoria>>. Y es que eso es lo que la mayoría de las veces sucede.
No hace mucho, con motivo del acto de apertura del nuevo curso judicial en Andalucía, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, censuraba el abuso que se hace de la vía penal en general. Ese denunciar por sistema ante la más mínima sospecha de delito- a veces fundada, pero muchas otras, no- no ayuda a que el elevado nivel de litigiosidad que registran los juzgados y tribunales andaluces descienda. << Somos un país con gran judicialización de los conflictos, no solo entre ciudadanos; es excesiva también la judicialización de conflictos de índole política, cuyo cauce de solución no debía ser, de modo natural, una decisión judicial.>> dijo exactamente Del Río el pasado 17 de septiembre. Y es que la vía penal se convierte con demasiada frecuencia en el otro ring de la política y puede dejar KO técnico a un alcalde o concejal completamente honrado y honesto en su gestión.
Repercusión
<< En mi caso, a lo largo de los últimos 20 años apreciamos una tendencia reiterada de denunciar a los políticos de signo distinto por la repercusión que tiene tal acción en los juzgados y tribunales penales>>, expresa el también penalista Rafael Revelles, que está de acuerdo con que se hace un excesivo uso de la jurisdicción donde se ventilan los posibles delitos. << Los jueces de Instrucción y las salas de las audiencias tienen que lidiar con una enorme sobrecarga de trabajo fruto de la desmedida utilización de la vía penal para solventar conflictos que debieran residenciarse en la vía contencioso-administrativa o civil. Hay que agradecer a nuestros jueces el gran esfuerzo que efectúan a diario>>, indica este jurista, que acumula en su histórico de clientes aproximadamente a 35 alcaldes, tato de Andalucía como del resto de España. Pleitos relacionados con políticos puede llevar actualmente entre 120 y 150.
Para Fernández Bustos, hubo un notable incremento de asuntos políticos que saltaban al cuadrilátero judicial entre los años 2007 y 2011, pero a partir entonces podría decirse que << se ha estabilizado>>.
No en todos los municipios son amigos de judicializar el más mínimo desencuentro político o rencilla entre adversarios. Pero hay pueblos como Castril o Cogollos Vega donde las denuncias con trasfondo político o por presuntas ilegalidades en una gestión anterior no brillan por su ausencia. Revelles ha intervenido en gran parte de los procesos que han sido noticia en ambos enclaves. Solamente Cogollos Vega, el letrado calcula que habrán existido << aproximadamente una decena de denuncias>> contra el exalcalde Francisco Luzón, quién << ha sido condenado en firme en procesos distintos; uno por prevaricación y otro por estafa procesal>>, especificas.
Para Rafael López Guarnido, su primer contacto con el fenómeno político-judicial fue nada mas y nada menos que el caso Malaya. Luego aterrizaron en su despacho otros muchos asuntos de presunta corrupción, tanto locales como de provincias vecinas. Ha sido abogado del exalcalde de Otura Ignacio Fernández Sanz, por ejemplo, y también de la alcaldesa de Las Gabias. <<La «última ratio» de la acción penal se ha corrompido tanto que hoy es una «prima ratio» de la confrontación política>>, confirma este letrado, que en el momento actual interviene en doce procedimientos relacionados directamente con la política municipal y acumula más de 50 procesos de este tipo a lo largo de su carrera profesional .
López Guarnido da fe de que hay lugares donde el conflicto se enquista y se recurre con demasiada frecuencia y ligereza a los tribunales:<< Sí,, una vez que uno de los contrincantes políticos utiliza de manera injustificada la vía penal, se abre una especie de veda que provoca la reacción del afectado que, en cuanto tiene ocasión, contraataca, utilizando las denuncias y querellas a modo de golpes de un combate que evidencian, en la abundancia de acciones, la debilidad de todas ellas.>>
Para este penalista, hay muchos casos en los que la acción penal contra un adversario político se basa en <<una mera sospecha o un relato adulterado para conseguir su denigración pública>>. El motivo, a su juicio, es que << es una tentación demasiado sabrosa ala que los políticos suelen ceder con frecuencia, tratándose además de una opción sencilla, relativamente rápida y demasiado barata>>. El problema, como advierte, surge <<con la frivolidad con la que se ejerce la denuncia y la acción penal, y la ligereza con la que se admiten a trámite por el sistema judicial.>>. Por eso él tiene por norma o ejercer la dirección letrada de aquellos procesos que ya de inicio se muestran sin relevancia penal y que solo pretenden atacar la imagen pública del denunciado.
Ilícitos
La prevaricación, el delito contra la ordenación del territorio, la malversación, los delitos contra el medio ambiente o contra las instituciones del Estado suelen ser los ilícitos que más se repiten en los cargos que se formulan contra regidores.
Sergio Bueno, exalcalde socialista de Santa Fe, es la voz de la experiencia. Lo acusaron de prevaricar más de una vez. Estuvo 11 años en el sillón de la Alcaldía de su pueblo (entre 2003 y 2014) y se enfrentó a una quincena de denuncia. En todas ellas, como recalca, <<confluían intereses políticos y económicos>>, y tuvieron un desenlace similar: archivo o sentencia absolutoria. Él, que además es abogado, terminó dando un paso al lado; tiró la toalla, aun que no se aparto ni de la política ni de su partido. Ha estado colaborando con la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y ahora esta retornando a la actividad privada como profesional del derecho.
Lo que sí tuvo Bueno como alcalde encausado fue << un desgaste emocional>> añadido << a la tensión del gobierno del día a día>>. También un << cansancio>> lógico por verse continuamente en los titulares de prensa y tener que acudir repetidamente al juzgado por estar inmerso en causas en las que sus adversarios políticos, empresas o particulares pusieron en tela de juicio la legalidad de sus decisiones y actuaciones. <<Desde el punto de vista político lo que se consigue es una inhabilitación política no judicial>>, explica tras recordar que el se fue por el código ético de su partido. << Y aquí estoy en 2021 sin ser alcalde, habiendo cumplido el código ético y con todos los procedimiento judiciales cerrados de forma satisfactoria>>, enfatiza Bueno, que no descarta una vuelta a la política orgánica o institucional.
Otro ejemplo sería el del también exregidor socialista Francisco Domene, que tuvo el bastón de mando de Íllora durante unos ocho años. Primero estuvo seis meses en 2003, pero hubo una moción de censura y no regresó a la Alcaldía hasta 2007. Acabó dimitiendo en 2014 tras haber sido condenado por un juzgado de lo Penal por la adjudicación de la radio municipal. Posteriormente fue absuelto por la Audiencia de Granada. Actualmente trabaja en la Administración y por ahora tiene claro que no volvería a ser alcalde, aunque reconoce que nunca se puede decir aquello de «de esta agua no beberé».
<< Se pusieron varias denuncias contra mí>>., rememora el exregidor, al tiempo que precisa que el proceso por el que dejó la alcaldía lo promovieron <<un exalcade y un concejal del PP>>. Pese a aquella experiencia, el siempre caminó con <<la cabeza muy alta>>, pues estaba convencido de su inocencia y respaldado por los votos de los ciudadanos. <<Para mí ser alcade fue una experiencia gratificante, pues tuve la suerte de presentarme en tres ocasiones y en las tres me votaron los vecinos>>, recuerda Domene, para indicar que su familia, ante aquella denuncia que le llevó al banquillo, lo pasó peor que él, pues él era consciente de que meterese en política podía llevarle alguna vez al juzgado para tener que demostrar la corrección de su proceder. <<Se ha criminalizado mucho la gestión política; se han desdibujado los límites entre lo contencioso administrativo y lo penal>>, se despide. Basta con acudir a la hemeroteca.
Noticia publicada en el periódico Ideal Lunes 11/10/2021